La exdiputada y empresaria del arte, Gabriela Cuevas, denunció en un emotivo mensaje difundido en sus redes sociales que ha sido víctima de una vigilancia sistemática durante las últimas tres semanas. Según su testimonio, tanto su residencia personal como su galería de arte han sido objeto de un seguimiento constante, lo que ha generado en ella una profunda preocupación por su seguridad y la de su entorno.
En su declaración, Cuevas no dudó en señalar directamente a dos figuras clave de la política local: el diputado Ricardo Monreal y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. La exlegisladora los acusó de estar detrás de una campaña de desprestigio en su contra, con el objetivo de vincularla falsamente con grupos de la delincuencia organizada bajo el polémico concepto de “narcopolítica”. Este término, que ha cobrado relevancia en los últimos años, se refiere a la supuesta infiltración del crimen organizado en las esferas del poder político y económico, una acusación que Cuevas calificó de “infundada y malintencionada”.
La empresaria fue enfática al negar cualquier tipo de relación con líderes delictivos que han sido detenidos en operativos recientes. Su postura, aseguró, ha sido siempre de rechazo a cualquier forma de corrupción o vinculación con actividades ilícitas. Sin embargo, el clima de hostilidad en su contra parece haberse intensificado en las últimas semanas, llevándola a tomar medidas para protegerse.
El caso de Cuevas adquiere mayor relevancia si se considera su reciente cambio de postura hacia el gobierno federal. Apenas en enero pasado, la exdiputada había elogiado públicamente la labor del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, destacando su trabajo en materia de seguridad y llegando a mencionarlo como un posible candidato presidencial para el futuro. Este respaldo, sin embargo, no parece haber sido suficiente para disipar las sospechas que ahora pesan sobre ella.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido una respuesta oficial respecto a la solicitud de protección que Cuevas habría presentado ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La falta de claridad en torno a este tema ha generado incertidumbre, no solo sobre su situación personal, sino también sobre los mecanismos de protección disponibles para figuras públicas que, como ella, denuncian presiones políticas o amenazas.
El caso pone en evidencia las tensiones que existen en el ámbito político, donde las acusaciones de corrupción y vínculos con el crimen organizado se han convertido en herramientas recurrentes para descalificar a adversarios. Mientras tanto, Cuevas se mantiene firme en su postura, insistiendo en que las imputaciones en su contra carecen de fundamento y son parte de una estrategia para silenciar su voz. La pregunta que queda en el aire es si las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de los ciudadanos actuarán con la celeridad y transparencia necesarias para esclarecer los hechos y proteger a quienes, como ella, se sienten amenazados.
