En Minnesota, la justicia local ha abierto una investigación que podría llevar a cargos penales contra agentes federales, incluyendo al jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino. La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, reveló en una conferencia de prensa que su oficina ya analiza 17 casos vinculados a operativos realizados por autoridades migratorias en la zona metropolitana de Minneapolis-St. Paul. Entre los incidentes más graves destaca uno ocurrido el 21 de enero, cuando Bovino lanzó una lata de gas lacrimógeno contra manifestantes, así como otro registrado el 7 de enero, en el que agentes federales realizaron un arresto frente a una escuela secundaria y utilizaron irritantes químicos en un área donde había estudiantes y personal educativo.
“Que no quede duda: no tememos enfrentar esta batalla legal y estamos decididos a actuar con rigor”, declaró Moriarty, quien calificó como “daño incalculable” el impacto de la *Operación Metro Surge* en la comunidad. La fiscal no dudó en señalar que, en varios casos, los agentes habrían incurrido en conductas que podrían configurar delitos como agresiones o daños a la propiedad, como cuando arrojaron a personas al suelo sin justificación, emplearon armas químicas de manera indiscriminada o destrozaron ventanas de vehículos.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional, entidad encargada de supervisar la aplicación de las leyes migratorias, respondió con firmeza a las acusaciones. En un comunicado emitido la noche del lunes, la dependencia federal defendió que este tipo de intervenciones son responsabilidad exclusiva del gobierno nacional y que los estados carecen de autoridad para procesar a sus agentes. “Lo que estos estados intentan hacer es ilegal y lo saben”, advirtió el texto, argumentando que los funcionarios federales que actúan en el ejercicio de sus funciones gozan de inmunidad frente a demandas bajo leyes estatales. Además, el comunicado sugirió que las acciones de las autoridades locales podrían haber puesto en riesgo la seguridad de los agentes federales, aunque no ofreció detalles específicos.
Hasta el momento, no se ha obtenido respuesta de Greg Bovino, figura clave en las operaciones de control migratorio durante el gobierno de Donald Trump. Bovino, conocido por su enfoque enérgico en el manejo de protestas, ha sido señalado en múltiples ocasiones por su participación en operativos donde se emplearon tácticas cuestionables. Testigos y registros audiovisuales documentan cómo, en algunos casos, los agentes acorralaron a manifestantes, detuvieron a personas que grababan los arrestos o usaron fuerza desproporcionada contra quienes portaban silbatos para alertar sobre las detenciones.
La fiscalía de Hennepin ha habilitado canales para que la ciudadanía presente denuncias y pruebas relacionadas con estos incidentes, lo que sugiere que la investigación podría ampliarse. Mientras tanto, el debate sobre los límites de la autoridad federal y el alcance de la justicia estatal se intensifica. Para muchos residentes, estos operativos no solo representaron una violación a sus derechos, sino también un clima de intimidación que afectó especialmente a comunidades migrantes y a quienes las apoyan. La pregunta ahora es si la fiscalía logrará superar los obstáculos legales que el gobierno federal interponga para proteger a sus agentes, o si estos casos quedarán impunes, como ha ocurrido en situaciones similares en el pasado.
