Lima y Callao, las dos zonas más pobladas y estratégicas de Perú, acaban de ser declaradas en estado de emergencia por tercera vez en menos de dos semanas. La medida, anunciada por el gobierno interino, busca contener la ola de violencia que azota a la capital y su vecina provincia portuaria, donde los índices delictivos no solo persisten, sino que se han agravado en los últimos meses. Este nuevo decreto llega en un contexto político convulso: apenas diez días atrás, el Congreso destituyó al presidente José Jerí tras cuatro meses de gestión, marcados por escándalos de corrupción y una creciente inestabilidad social. Su sucesor, quien asumió el cargo en medio de protestas y cuestionamientos, ya había recurrido a esta herramienta en dos ocasiones anteriores, aunque con resultados limitados.
La situación en las calles de Lima y Callao es alarmante. A pesar de los esfuerzos previos —incluido el estado de emergencia decretado por Jerí durante su breve mandato—, la criminalidad no ha cedido. Los datos oficiales son contundentes: Perú cerró 2025 con la tasa de homicidios más alta de los últimos años, alcanzando 10.7 casos por cada 100 mil habitantes, un incremento respecto a los 10.1 registrados en 2024. Pero el panorama es aún más crítico en la capital y su área metropolitana. Lima registró una tasa de 23.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que Callao superó ligeramente esa cifra con 22.6. Estos números no solo duplican el promedio nacional, sino que colocan a ambas regiones entre las más violentas del país, con niveles comparables a los de zonas históricamente afectadas por el narcotráfico y el crimen organizado.
El estado de emergencia, que suspende ciertas garantías constitucionales y otorga mayores facultades a las fuerzas de seguridad, ha sido justificado por las autoridades como una medida “necesaria y temporal” para restaurar el orden. Sin embargo, críticos señalan que, sin un plan integral que aborde las causas estructurales de la violencia —como la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción en las instituciones—, estas declaratorias podrían convertirse en un parche que solo posterga soluciones reales. Mientras tanto, los ciudadanos de Lima y Callao siguen viviendo bajo la sombra de la inseguridad, con toques de queda no oficiales en barrios enteros y una creciente desconfianza hacia las autoridades.
La pregunta que muchos se hacen es si esta tercera declaración de emergencia logrará lo que las anteriores no pudieron: frenar la espiral de violencia. Expertos en seguridad advierten que, sin una estrategia clara y coordinada entre el gobierno, la policía y la sociedad civil, el problema podría agravarse. La historia reciente de Perú muestra que los estados de emergencia, aunque útiles en el corto plazo, rara vez resuelven crisis profundas. Mientras el país navega por una de sus peores crisis políticas en décadas, la población de Lima y Callao espera respuestas concretas, no solo más decretos.
